Gobierno ingresa indicaciones para abordar crisis de isapres, pero industria mantiene tono de alerta

Finalmente este lunes el Gobierno -dentro del proyecto de reajuste del sector público- ingresó indicaciones como respuesta a la crisis financiera de las isapres.

El Ejecutivo busca enfrentar la situación de emergencia derivada del fallo de la Corte Suprema que ordenó anular las alzas realizadas por las aseguradoras por concepto de Garantías Explícitas en Salud (GES), lo que, en la práctica, significa que sus ingresos caigan, en promedio, 12% a partir de enero.

Primero, el Gobierno concretó su anunció de adelantar la recaudación del Indicador de Costos de la Salud (ICSA), para que las isapres puedan subir los precios de los planes en abril en vez de junio. Además, excepcionalmente, no se considerará en este procedimiento el costo de nuevas prestaciones ni la variación de frecuencia de uso de aquellas que se realizan en la modalidad de libre elección de Fonasa.

La segunda indicación del Gobierno dice que la Superintendencia de Salud podrá determinar un valor que “por una sola vez y de forma extraordinaria” las isapres podrán incorporar a sus planes para financiar la cobertura de las cargas de menores de dos años de edad. Esto, ya que el fallo de la Corte ordenó la exención de la tabla de factores en el caso de estos afiliados, señalando que deberían quedar acogidas al sistema GES.

Industria no conforme

Las medidas del Gobierno no han logrado apaciguar las presiones de la industria. El domingo, el gremio de las aseguradoras afirmó que luego de que todas las isapres aplicaran el fallo GES, “el equilibrio del sistema se ha roto”. El tono de alerta no disminuyó y agregaron que el adelanto del ICSA es insuficiente para enfrentar la crisis.

La posición del Gobierno fue manifestada por el propio Ministerio de Salud ese mismo día, cuando señaló que nunca se ha planteado que el ICSA sea suficiente y que será en la ley corta donde se busque el equilibrio financiero, “pero exigiendo el compromiso de la industria en mejorar su eficiencia”.

“Estamos con los plazos al límite para abordar a tiempo esta crisis y no vemos que se avance en dar las certezas necesarias para poder terminar de una vez por todas con este largo periodo de incertidumbre”, dijo Clínicas de Chile.

Esto causó molestia dentro de algunas isapres, ya que ven una contradicción entre ese llamado a la eficiencia y que el adelanto del ICSA favorezca a las empresas que menos redujeron los costos.

Durante su vocería de este lunes, la ministra Camila Vallejo también apuntó a las isapres y acusó que estas se han dedicado a presionar en vez de “entregar soluciones que no sean un salvataje”.

Según dos conocedores, la traba está en que desde las aseguradoras estiman necesario realizar un ajuste extraordinario para adaptar los precios de los planes a la nueva realidad de la industria, que quedó desajustada con el shock de la pandemia y los fallos de la Corte. Desde el Gobierno han retrucado que no quieren traspasar los costos del fallo a los afiliados.

Previo a la presentación de las indicaciones, Clínicas de Chile también entró al debate, haciendo ver su preocupación por el desacuerdo. “Estamos con los plazos al límite para abordar a tiempo esta crisis y no vemos que se avance en dar las certezas necesarias para poder terminar de una vez por todas con este largo periodo de incertidumbre”, arremetió el gremio.

Tres etapas

Si bien es el más urgente, debido a que las isapres estiman que podrían incumplir con sus indicadores financieros en enero -o a más tardar en marzo, mes en que suelen aumentar los siniestros-, el fallo GES sería solo el primero de tres escollos que hay en la discusión.

La ley corta todavía no cuenta con un consenso, sobre todo por el cálculo de la deuda de las aseguradoras. La comisión técnica que asesoró al Senado utilizó el principio de mutualización, mediante el cual los afiliados comparten los riesgos, obteniendo un monto de unos US$ 450 millones. El Gobierno desestimó este eje y cifró la deuda en unos US$ 1.000 millones. Desde la industria se argumenta que esto también representa un golpe de gracia para las empresas.

Pero tras esas dos vallas, hay una de más largo plazo y es que se espera que de la crisis se puedan fijar los lineamientos para la futura reforma a la salud. Si bien desde el Senado y la comisión técnica apuntan a un sistema privado con seguridad social -que implica, entre otros, eliminar las preexistencias y la cautividad de usuarios, algo que contaría con apoyo de la industria-, aún no está claro si esa definición logrará un acuerdo total.